El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, escuchó a las partes argumentar los respectivos pedidos sobre la resolución que dictó el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, que le impuso la prisión preventiva a Norberto Rosales, de 67 años, con antecedentes penales computables, mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el crimen del ex juez de Paz de Bovril. El juez pasó a analizar los fundamentos de las partes en función de “la complejidad de los planteos y contradicciones a resolver” y dará a conocer su resolución por escrito y les será notificada a la partes, por mail.

Rosales está acusado como el principal sospechoso del crimen del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Cura, que tenía 82 años el 23 de abril cuando fue sorprendido en el quincho de su casa por al menos dos desconocidos que lo mataron a golpes de puño y patadas y lo dejaron atado de pies y manos. También están sometidos a la investigación Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez, que están con prisión domiciliaria; y un hombre y su hijo, de apellido Huici, a quienes se les atribuye el presunto delito de Encubrimiento.

La Defensa Pública pidió que de revoque la resolución que dictó la prisión preventiva en la cárcel y solicitó que se le conceda la libertad en Paraná con prohibición de ingreso a Brovril, y subsidiariamente, si el juez entendía que los riesgos procesales siguen vigentes como sostienen querella y Fiscalía, que se otorgue el arresto domiciliario también en Paraná, y si es necesario, que se le coloque un dispositivo de control electrónico.

Querella

En la audiencia, el querellante Marcos Rodríguez Allende, sostuvo su pedido de rechazo del recurso de apelación que presentó la Defensa Pública, entendiendo que se encuentran vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Lo fundamentó en que Rosales enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua por el delito de Homicidio doblemente calificado que se dirimirá en un Juicio por Jurados; en la naturaleza del hecho, que consideró “extremadamente grave”, cuya investigación recién lleva poco más de tres meses y solo resta la producción de evidencia genética y de testimoniales que complicarían al acusado; y en la actitud que tomó Rosales posterior al hecho, cuando destruyó su celular y se compró uno nuevo, y, con ayuda de los Huici, abandonó Bovril el mismo día del hecho.

La querella y Fiscalía resaltaron que Rosales carece de arraigo, no tiene trabajo estable, y añadieron que el hecho de que se haya ajustado a Derecho en una causa anterior en la que fue condenado en 2007 a seis años de prisión por el delito de Robo calificado, en un hecho de características similares al del crimen del ex juez, no aporta la certeza de que en este proceso adopte la misma actitud. Agregaron que Rosales, inmediatamente de cometido el hecho que lo tiene bajo sospecha, se fue de Bovril hacia Buenos Aires previo paso por Rosario.

Antecedente

Rodríguez Allende añadió que no es verdad que Rosales se haya ceñido al accionar de la Justicia. En este sentido precisó que la primera condena que se le impuso en 2007 la comenzó a cumplir en 2015, cuando fue detenido en San Benito por personal de la Policía de Entre Ríos, porque estaba prófugo de la Justicia de Buenos Aires desde el 7 de agosto de 2007 cuando se dictó aquella primera condena.

Recurso

La Defensa Pública pidió que se rechazara la resolución de Carballo entendiendo que no supera los estándares internacionales para la solicitud y concesión de la prisión preventiva, lo que vulnera el principio de inocencia. Cuestionó que con la IPP prácticamente concluida, su asistido sigue privado de la libertad cuando ya no podría entorpecer la investigación ni eludir el accionar la Justicia puesto que tiene seis hijo, dos propiedades en Alcaraz, familia en Paraná, y trabaja en la construcción. Respecto de las evidencias genéticas que están en proceso, se trata de determinar el origen de manchas de sangre que se halló en ropa que fue secuestrada, entendió que su pupilo no puede realizar ningún acto de entorpecimiento de ese estudio, y criticó que la querella aludió “genéricamente” a testimonios que aún presentó.

La querella respondió que se entrevistó con los testigos en Bovril, explicó que se trató de una investigación en la que hubo dificultades para hallar evidencia por las condiciones y características del crimen, y adelantó que los va a ofrecer oportunamente cuando se realice la audiencia de remisión de la causa a juicio. También sostuvo que fue difícil ubicar a los testigos porque muchos son vecinos del acusado y tienen temor de aportar información por la enorme violencia con la que fue asesinado el juez de 82 años. Así, reforzó el pedido de rechazo del recurso de apelación y confirmación de la resolución del juez de Garantías, para garantizar que los testigos de la acusación lleguen al debate ante un jurado popular con la necesaria tranquilidad para declarar.

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