Según la defensora oficial Susana Carnero, en la región se observa un incremento en la cantidad de jóvenes menores de edad vinculados a la venta y comercialización de estupefacientes, muchos de ellos utilizados como "soldaditos" por bandas barriales de narcomenudeo.

En forma creciente, jóvenes menores de edad son detenidos en procedimientos por venta de drogas. Aunque son parte de un engranaje comercial delictivo dirigido por personas mayores, en muchos casos terminan con imputaciones y procesos penales. 
Un informe del programa Cuestión de Fondo reflejó esta problemática que se observa en el ámbito judicial, y cómo trabajan en la Defensoría pública junto a organismos del Estado para acompañar en la reinserción y la educación, pese a la falta de prevención.

Hace tres semanas, en Paraná, hubo dos casos de menores con tenencia de grandes cantidades de droga. Ambos fueron imputados, y les impusieron diferentes medidas cautelares: uno quedó con prisión domiciliaria y otro con restricciones.

En Concordia hace dos semanas imputaron a un adolescente por narcomenudeo, donde a su vez había un coautor del delito mayor de edad.

En La Paz hubo casos recientemente, pero no detuvieron a menores, sino que solamente los identificaron como parte de alguna banda barrial de narcomenudeo que los usan como soldaditos. En este caso intervino directamente el COPNAF.

La defensora oficial Susana Carnero dialogó con Cuestión de Fondo y contó: “Nuestra ley dispone que a partir de los 16 años ellos son imputables, es decir, podrían ser imputados por este delito. Tenemos jóvenes por debajo de esa edad que ya están sospechados de comercialización de estupefacientes. Obviamente, esos jóvenes no van a estar en el proceso penal porque no son punibles, pero sí con ellos se adoptan ciertas medidas para ver cómo está su situación, por qué ese joven está en ese tipo de actividad, teniendo que estar en la escuela, haciendo deporte, en un grupo familiar que lo contenga”.

“Es evidente que la situación se da en los barrios más vulnerables, en los jóvenes más humildes, que ven como una salida alternativa a su pobreza este tipo de actividades, y muchas veces está el grupo familiar involucrado en eso. Nosotros tenemos que hacer una mirada mucho más amplia. No podemos mirar únicamente al joven; tenemos que mirar una serie de cuestiones: la familia, la comunidad, el Estado”. 

“Respecto de los jóvenes que son imputables y que pueden estar en un proceso, la comercialización de estupefacientes tiene una pena de 4 años a 15 años. Generalmente, estos jóvenes no tienen antecedentes, son primarios, no hay detrás nada que pueda agravar su situación. Los jóvenes menores de edad no van a recibir la totalidad de la pena porque hay fallos de la Corte Suprema donde dice que, por el hecho de ser jóvenes, por su inmadurez, se le reduce un tercio la pena”, refirió Carnero.

“Pero más allá de eso -continuó la defensora oficial-, nosotros aquí trabajamos con esos jóvenes en un proceso que se inicia a partir de la audiencia de declaración de imputado. Se inicia un proceso donde está el organismo del Copnaf, que trabaja muy bien, llamado Libertad Asistida, que nos ayuda con todos estos jóvenes, realiza una serie de actividades con ellos, los visita en su grupo familiar. No soloCopnaf, sino también el equipo del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, son dos ámbitos que trabajan con estos jóvenes, viendo qué pasa. En el marco de ese proceso, nosotros vemos su comportamiento, qué está pasando, y generalmente ellos se afianzan en esas actividades. Eso hace que podamos lograr medidas mucho más laxas, que ellos no tengan una pena alta, que puedan incluso llegar a no tener pena debido a su edad, su vulnerabilidad, la falta de prevención, la falta de contención, por un montón de situaciones que habría que abordar para que ellos no reincidan, educarlos, porque ese es el fin del derecho penal de menores: la educación, la reinserción de los jóvenes. Y bueno, en eso es lo que nosotros trabajamos siempre, y tenemos varios en este momento, generalmente con su grupo familiar. Y fíjese que nosotros tenemos los jóvenes aquí en un proceso, pero ¿quiénes les venden a ellos? No están, nunca aparecen, no se sabe quiénes son. Entonces, se corta el hilo por lo más débil, ¿no?”

“A diferencia de cuando un chico aparece detenido por un hurto, por un robo, o tenencia de arma, aquí estamos hablando de un negocio donde está “trabajando” para otro. A su vez, la ley de drogas considera un agravante que un adulto utilice un menor para este delito. Pareciera una contradicción en la misma ley”, destacó. 

Con información de Análisis Digital